Las estrategias para la mitigación del cambio climático deben empezar con un cambio cultural y de concientización, pero acompañado de medidas normativas y económicas que garanticen su continuidad en el tiempo.
Colombia, representada por el Gobierno nacional y las instituciones que actúan en el ámbito
internacional, debe cumplir y ser coherente con sus compromisos, al unirse a las iniciativas
planteadas para el cambio climático, poniendo en perspectiva su contexto y aprender de
experiencias más exitosas en este campo.
La ruta de acción, aunque debe estar dirigida por autoridades y personas competentes,
también tiene que coordinar a todos los sectores de la sociedad, ya que sin importar si son
consumidores o productores en la economía, todos –incluidas sus descendencias– se verán
afectados por el cambio climático.
En esta visión coincidieron los invitados al foro virtual “Transición energética y cambio
climático: miradas hacia una Colombia resiliente”, coordinada por las Maestrías en Medio
Ambiente y Desarrollo, y en Seguridad Alimentaria y Nutricional, de la Universidad Nacional
de Colombia (UNAL).
“Por un lado se muestra un país que avanza en los Acuerdos de París, pero se siguen
explotando recursos para conseguir combustibles fósiles, los grandes generadores de
energía avanzan y no se habla de pérdida de tierras fértiles ni de las implicaciones en
regiones agrícolas”, comenta Tatiana Roa Avendaño, activista ambientalista, coordinadora
del área de Energía–Censat.
Según la profesora Carmenza Castiblanco, doctora en Estudios Ambientales y Rurales, “las
decisiones en materia de energía las mantienen expertos que generalmente están
involucrados en instituciones públicas y privadas, dueñas de los negocios y ganancias,
mientras los consumidores que tienen un papel pasivo y las comunidades afectadas están
relegadas de esta discusión”.
Para Armando Sarmiento, magíster en Hidrosistemas y profesor del Departamento de
Ecología y Territorio de la Universidad Javeriana, “la planeación –en varios aspectos de la
región– no se suele realizar a largo plazo cuando estamos hablando de efectos proyectados
a varias décadas, con un alto nivel de incertidumbre, lo que dificulta la asignación efectiva
de recursos”.
“Algunos sectores han sido privilegiados mientras otros se relegan en el diseño de las
políticas, lo que, en contrapartida y respuesta, les ha permitido generar cambios orientados
a las tecnologías de la revolución verde”, comenta el profesor de la UNAL Heliodoro
Argüello, investigador en las áreas de agroecología y ambiente.
Aún hace falta mayor socialización y concientización de la población frente a los recursos
naturales que posee Colombia, su potencial agrícola –que podría garantizar seguridad
alimentaria para toda la población– y las amenazas que generan las prácticas económicas y
de explotación no reguladas amplia y atentamente por el Gobierno nacional.
“Desde hace varios años se ha hablado de transición energética, se concentran estrategias
para que en 2050 se logre el 90 % de la reducción necesaria de emisiones de CO2 por
medio de energías renovables, eficiencia energética y electrificación, pero sigue primando la
economía y a la vez falta voluntad política”, señalaron los asistentes al foro.
“En 2014 entró en vigencia la Ley 1715 que promueve el uso de energías renovables, pero
infortunadamente, y a pesar de la claridad de los pasos trazados, solo se han implementado
acciones a partir de 2018”, afirmó Luis Julián Zuluaga, jefe de Oficina de Asuntos
Regulatorios y Empresariales Minero-energéticos de Colombia.
Economía versus medioambiente
Según cifras compartidas por el funcionario Zuluaga, el 12 % de los ingresos entre 2015 y
2018 provienen de la renta petrolera; el 39 % de la inversión extranjera de 2019 fue
aportada por el sector energético, y el 56 % de las exportaciones por el sector
minero-energético.
En comparación con otros sectores, los hidrocarburos aportaron, según un registro de 2018,
16.900 millones de pesos versus 6.630 millones aportados por el turismo, es decir 2,5 veces
más que sectores alternos.
“En el caso energético, no hay planificación para asumir sequías, existe gran dependencia
de la energía hidroeléctrica, y en agricultura, la mayor porción de gran escala necesita de
las precipitaciones”, comenta el profesor Sarmiento.
Teniendo en cuenta la relevancia que se le da a la producción masiva de bienes, servicios y
productos, la profesora Castiblanco considera que “se debe cuestionar la concepción de
progreso basado en el uso de combustibles fósiles”.
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